Acción Afirmativa
Rawls y la Lotería Natural.
Antonieta Mercado
Domingo 19 de enero 2003
La Opinión, Los Angeles, CA.
El 24 de noviembre pasado murió John Rawls, profesor de filosofía en la universidad de Harvard y considerado como uno de los más grandes representantes de la teoría política moderna. El hecho de que Rawls fuera nuestro contemporáneo no es poca cosa si consideramos que algunos de sus antecesores en importancia fueron pensadores de la talla de Carlos Marx, John Locke o Emmanuel Kant.
Lamentablemente no es extraño que la combinación de una personalidad reservada como la del profesor Rawls y el exacerbado culto al carisma que exhibe nuestra época de excesos mediáticos, hayan influido para que su muerte (y buena parte de su vida) pasaran casi inadvertidas para las mayorías. Sin embargo, una lectura rápida del legado de Rawls a la teoría del estado moderno muestra que sus propuestas son más relevantes que nunca.
El trabajo más importante de Rawls fue “Una Teoría de la Justicia” que a partir de su aparición en 1971 desató debates en muchos ámbitos sociales sobre los derechos humanos y la igualdad. Rawls era un moderno contractualista, es decir, concebía el origen moral de la sociedad como un conjunto de individuos que celebran un contrato original, antes de entrar en el cuerpo social. La diferencia entre Rawls y los contractualistas clásicos es que este contrato no solamente garantiza la seguridad de la vida de los individuos a través de el Estado, sino que decide el sistema de justicia que se ha de administrar en la sociedad que se forma. Rawls creía firmemente en la capacidad de raciocinio del ser humano, por eso su teoría de la justicia tenía como base moral el precepto de la “posición original”.
Según Rawls desde la llamada posición original, los seres humanos decidían las normas que regularían la distribución de la riqueza y el poder en la sociedad. La singularidad de este contrato es que las decisiones se tomarían bajo el llamado “velo de ignorancia” es decir, las personas no saben de antemano si serán pobres o ricos, o a qué raza o género pertenecerán o cuánto poder tendrán en la nueva sociedad. Los individuos al desconocer su rol social futuro, racionalmente preferirán una mejor distribución del poder y de la riqueza al considerar que podrían entrar en el estrato social menos favorecido.
Rawls argumentaba que la clase social en la que un individuo nace, así como la educación que recibe y las oportunidades a las que accede determinan la habilidad y los talentos con que este individuo se desenvolverá en la vida, en algo así como una “lotería natural”. El trabajo de una sociedad justa es garantizar no solamente la libertad de todos los individuos para ser lo que quieren ser, sino reconocer esta “lotería” y garantizar oportunidades para nivelar estas desigualdades, incluso si las oportunidades son desiguales. Esta idea de oportunidades desiguales para los menos favorecidos es uno de los fundamentos de la política de Acción Afirmativa implementada a partir de las luchas por los derechos civiles de finales de los años sesenta y principios de los setenta.
Rawls reconocía que la “igualdad de oportunidades” y la moralidad de la supervivencia del más apto que proclaman los utilitaristas, no beneficia a la sociedad ya que prolonga desigualdades y la sociedad deja de ser justa. Esta injusticia estriba en que la igualdad de oportunidades beneficia a quienes tienen mayor acceso a ellas porque llegaron primero o porque se enteraron antes, como producto de la posición en la sociedad que les otorgara la lotería natural. Esta era su crítica a la economía de mercado y al utilitarismo filosófico que la sustenta.
Para Rawls ni siquiera la capacidad de un individuo le hacía moralmente acreedor a mayores oportunidades, ya que la capacidad está determinada por todas las condiciones de la “lotería natural”. Por lo tanto era un compromiso con la justicia el garantizar que todos los miembros de la sociedad tuvieran libertad así como reconocer el principio de la diferencia para que las desigualdades económicas y sociales garanticen mayor beneficio a los menos aventajados.
Recientemente se ha desatado una polémica respecto a la pertinencia de conservar las leyes de Acción Afirmativa que otorgan ventajas a minorías históricamente desfavorecidas en este país para ingresar a instituciones laborales y educativas. La Suprema Corte decidirá el destino de esta ley al deliberar dos casos de estudiantes blancos que demandaron a la Universidad de Michigan, por no haber podido ingresar en esa institución. Estos estudiantes argumentan que con sus calificaciones pudieron haber fácilmente ingresado a la universidad de no haber sido porque las políticas de Acción Afirmativa favorecieron a algunos estudiantes pertenecientes a minorías con menos méritos académicos que ellos. Como consecuencia los estudiantes minoritarios están en el programa al que ellos querían ingresar.
Lo que decida la Corte en estos dos casos afectará el futuro de Acción Afirmativa en todo el país, pues uniformará los criterios de aplicación de esta ley.
El abandono de las políticas de acción afirmativa por parte del gobierno de California en 1997 produjeron una abrupta caída en la matriculación de estudiantes de las minorías en las escuelas públicas en los años siguientes. Es tan evidente esta disparidad que el sistema de la Universidad de California ha adoptado algunas medidas no oficiales para recuperar la diversidad en su estudiantado y así tratar de reflejar la composición de la población del estado en el que más de la mitad de los habitantes son de alguna minoría.
Si la Suprema Corte otorga la razón a los estudiantes en contra de la universidad de Michigan, entonces la época de la acción afirmativa habrá terminado en toda la unión americana. El mensaje de la Corte seguramente sería que esas desiguales políticas ya no son necesarias y que la sociedad por fin ha alcanzado el tan deseado nivel de igualdad de circunstancias para enfrentar la igualdad en la competencia y que las minorías al fin ya no están en desventaja ni económica, ni cultural, ni racial ni política, es decir que ya no hay lotería natural y todos somos iguales para competir.
Un reciente estudio del Instituto de Justicia y Políticas Públicas (Justice Policy Institute) demuestra que de 1985 al año 2000 el estado ha invertido más dinero en encarcelar a personas de la raza negra que en su educación, en contraste ningún blanco ha entrado en disputa legal para reclamar un lugar en la cárcel. Un paseo por las universidades y otro por las cárceles de este país nos obligarían a reconsiderar las propuestas de John Rawls, y a compartir la enorme responsabilidad de vivir la misma época en la que él vivió y responder, si no con su enorme creatividad, sí con un poco de sensatez respecto a la tan deseada justicia social a la que todos aspiramos.
Antonieta Mercado se especializa en comunicación y análisis político.
